El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa una liberación anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas. Los beneficiarios seguirían siendo considerados culpables y quedarían bajo supervisión fuera de prisión; no se trata de una absolución.
Bukele sostuvo que el plan distinguiría entre quienes ejercieron violencia y quienes colaboraron para sobrevivir bajo el control de las maras. Citó como ejemplo diferencias entre ayudar a ocultar un cadáver y avisar sobre la llegada de la Policía. Sin embargo, no detalló los criterios de elegibilidad, el calendario ni cuántas personas podrían salir, y tampoco aclaró si la iniciativa ya está en marcha.
Un cambio bajo escrutinio
La propuesta se plantea en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha dejado al menos 93.162 detenidos, según cifras oficiales citadas en el reporte. Organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de abusos y 570 muertes bajo custodia estatal. La eventual liberación condicionada podría introducir una revisión de responsabilidades dentro de una política centrada en encarcelamientos masivos, pero su alcance dependerá de reglas transparentes y de cómo se evalúen los casos.
