Brasil entregará el próximo Gobierno una economía con una combinación particularmente difícil: un déficit fiscal del 8,1%, un crecimiento que pierde impulso y una extensa red de programas sociales cuya reducción tendría un coste político y humano inmediato. El desafío no consiste únicamente en recortar el gasto o elevar los impuestos, sino en corregir el desequilibrio de las cuentas públicas sin agravar las desigualdades que atraviesan el país.
La advertencia ha ganado fuerza durante la campaña electoral. El presidente argentino, Javier Milei, ha sostenido que la mayor economía de América Latina tendrá que afrontar tarde o temprano el problema fiscal. Aunque sus declaraciones suelen estar marcadas por la confrontación, en este punto coincide con O Globo, uno de los principales diarios brasileños. “Es evidente que, en el próximo Gobierno, el país tendrá que pasar por un ajuste fiscal para equilibrar las cuentas”, señaló recientemente el periódico, que al mismo tiempo criticó la ausencia de un debate serio sobre cómo se financiarán las promesas electorales.
Una cuenta que creció durante el ciclo expansivo
La política económica expansiva aplicada durante los cuatro años de Luiz Inácio Lula da Silva se vio acompañada por una acumulación de subsidios, transferencias, beneficios y desgravaciones fiscales. El volumen de esas medidas ronda los 300.000 millones de reales, unos 52.000 millones de euros al cambio. Flávio Bolsonaro, rival de Lula, eleva la estimación hasta 400.000 millones de reales. La diferencia entre ambas cifras no altera el diagnóstico central: el próximo Ejecutivo deberá encontrar recursos para sostener compromisos que ya forman parte de la estructura económica y social del país.
Las opciones son conocidas, aunque ninguna resulta políticamente sencilla. Un ajuste basado exclusivamente en el gasto podría afectar la inversión pública y los servicios esenciales; una subida de impuestos chocaría con una carga tributaria ya elevada y podría frenar la actividad; una combinación de ambas medidas exigiría acuerdos parlamentarios y una estrategia capaz de repartir los costes entre sectores con intereses muy distintos.
El margen de maniobra es todavía más estrecho porque Brasil no parte de una administración pública pequeña ni de un sistema de prestaciones fácilmente desmontable. Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor del Departamento de Gestión Pública de la Fundación Getulio Vargas, advierte de que hay programas que no pueden desaparecer sin provocar una ruptura social. Entre ellos se encuentra Bolsa Familia, que transfiere ingresos a familias en situación de pobreza o pobreza extrema.
El ajuste tendrá límites sociales
Bolsa Familia alcanza al 26,6% de la población, alrededor de 56,3 millones de personas, una cifra superior a la población de España. También resultaría difícil desmantelar el acceso a la universidad pública, el programa Farmacia Popular, que facilita medicamentos a precios reducidos, o Pé-de-meia, creado para ofrecer incentivos financieros a estudiantes y reducir el abandono escolar. Su importancia no se mide únicamente por el número de beneficiarios: estos programas compensan fallos persistentes en el mercado laboral, la educación y los servicios públicos.
El problema fiscal, por tanto, no puede analizarse como una simple disputa contable. Cada partida presupuestaria cumple una función en un país de 214,2 millones de habitantes, marcado por diferencias regionales muy profundas. En el nordeste, la pobreza alcanza a casi la mitad de la población, mientras que en el sur no supera el 12%. Un recorte uniforme tendría efectos muy distintos según el territorio y podría ampliar una brecha que ya condiciona el acceso a la educación, la sanidad, el transporte y el empleo formal.
Carvalho Teixeira añade otro reto: una flexibilización laboral razonable en un país donde una parte importante de la población carece de preparación suficiente. La reforma podría estimular la contratación y reducir la informalidad, pero solo produciría resultados sostenibles si se acompaña de formación profesional, educación básica de calidad y mecanismos de protección para quienes queden temporalmente fuera del mercado laboral. Sin esas garantías, la flexibilización correría el riesgo de convertirse en una reducción de costes para las empresas sin una mejora equivalente en la productividad o los salarios.
Desigualdad, servicios deficientes y crimen organizado
La tensión presupuestaria se superpone a problemas que exceden el ciclo electoral. Brasil es simultáneamente una potencia industrial, con una industria aeroespacial competitiva y empresas como Embraer, y un país donde millones de personas viven en asentamientos precarios. Las imágenes de extensas favelas conviven con la posición de Brasil como novena economía mundial, una contradicción que revela la dificultad de convertir el crecimiento agregado en bienestar distribuido.
O Globo ha enumerado entre las prioridades la baja calidad de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación; la violencia urbana; el avance del crimen organizado sobre territorios, actividades económicas e instituciones; y las carencias de vivienda, transporte y saneamiento en las grandes ciudades. A ello se suma un Estado presionado por intereses corporativos y regionales, que mantiene una carga fiscal elevada sin lograr financiar de forma eficiente todas las obligaciones previstas por la Constitución.
En ese contexto, el ajuste no será evaluado solo por su capacidad para reducir el déficit. También se medirá por su impacto sobre la seguridad, la movilidad social y la confianza en las instituciones. Una consolidación fiscal que deteriore los servicios básicos podría alimentar la desigualdad y fortalecer precisamente las redes criminales que el país intenta contener. Por el contrario, una reforma que proteja el gasto social más eficaz, elimine privilegios y mejore la calidad del presupuesto tendría más posibilidades de obtener respaldo ciudadano.
El riesgo financiero puede acelerar las decisiones
La presión aumenta por la desaceleración económica. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado al 2,1% su previsión de crecimiento de Brasil para 2026. Con una expansión más lenta, recaudar más resulta complicado y la deuda puede crecer con mayor rapidez si los tipos de interés permanecen elevados. La combinación de déficit alto y bajo crecimiento reduce el tiempo disponible para que el próximo Gobierno construya una solución gradual.
El FMI también ha señalado el riesgo de una pérdida de confianza de los mercados internacionales. En un escenario de tensión, los inversores suelen buscar activos considerados más seguros, lo que puede ampliar los diferenciales de la deuda brasileña, ejercer presión sobre el tipo de cambio y endurecer las condiciones financieras internas. El encarecimiento del crédito afectaría al Estado, a las empresas y a los hogares, y podría transformar un problema fiscal en una desaceleración más profunda.
La elección, por ello, no resolverá la crisis: determinará quién deberá administrarla y con qué legitimidad. El próximo Gobierno necesitará presentar un plan creíble que combine disciplina presupuestaria, protección social y reformas capaces de elevar la productividad. Brasil todavía conserva recursos económicos y una base industrial relevante, pero el coste de aplazar las decisiones será mayor cuanto más se deteriore la confianza en sus cuentas públicas.
