El Ministerio de Hidrocarburos y Energías sostiene que una nueva fórmula para actualizar los componentes de las tarifas eléctricas busca amortiguar el efecto de las variaciones cambiarias. El cambio está establecido en el Decreto Supremo 5750, fechado el 13 de octubre, y reemplaza cotizaciones puntuales del dólar por promedios de registros oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB).
La modificación no fija un porcentaje de aumento ni congela las tarifas. Tampoco viene acompañada de una estimación oficial sobre cuánto cambiarán las facturas de los usuarios. Por ahora, el alcance comunicado es metodológico: cambia el período del tipo de cambio usado en ciertos cálculos, mientras continúan vigentes otros indicadores, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De cotizaciones de un día a promedios mensuales
Hasta ahora, las referencias cambiarias para calcular los precios de generación y los peajes de transmisión correspondían a fechas específicas. Para los valores base se utilizaban las cotizaciones del 25 de marzo y del 25 de septiembre; las actualizaciones, en cambio, tomaban como referencia el valor del día 25 del mes anterior.
El decreto sustituye ese criterio por promedios del tipo de cambio oficial registrados durante períodos definidos. Para establecer los valores base de generación y transmisión, se considerarán las cotizaciones entre el 25 de febrero y el 25 de marzo, y entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre. Esos períodos corresponden a los precios que entran en vigencia en mayo y noviembre.
En las actualizaciones mensuales, el promedio abarcará desde el día 25 de dos meses antes hasta el día 25 del mes previo a la aplicación. Así, para una actualización prevista en noviembre, el cálculo tomará los registros comprendidos entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre. La lógica es distribuir el peso de las variaciones cambiarias entre varias observaciones, en vez de trasladar al cálculo la cotización de una sola jornada.
Una fórmula que conserva otros indicadores
El dólar y la inflación no son variables nuevas en la estructura tarifaria. El Reglamento de Precios y Tarifas aprobado en 2001 ya contemplaba ambos indicadores y, para determinados componentes, incluía también los precios de los combustibles y los aranceles de equipos importados. El Decreto 5750 modifica la referencia cambiaria, pero no elimina el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni las demás variables que corresponden según el costo actualizado.
Los cambios alcanzan a la generación, la transmisión y las tarifas base de distribución. Además, para actualizar anualmente el valor de los activos asociados a inversiones realizadas en moneda extranjera, se utilizará un promedio de 365 días del tipo de cambio oficial. Este plazo más amplio introduce una referencia distinta para los activos, frente a los períodos mensuales o semestrales aplicados a otros componentes.
La medida forma parte de un paquete regulatorio que incluye el Decreto Supremo 5746, también del 13 de octubre. Esa norma ajusta la estructura de costos y la subvención del gas licuado de petróleo (GLP). Aunque ambos decretos se emitieron en la misma fecha, abordan mecanismos diferentes: el 5750 trata la actualización de precios y tarifas eléctricas, mientras que el 5746 se refiere al GLP.
El efecto en las facturas aún no está cuantificado
El Ministerio describe el nuevo método como una herramienta para estabilizar los componentes tarifarios frente a las variaciones del dólar. Sin embargo, suavizar una referencia de cálculo no equivale necesariamente a reducir el costo final ni garantiza que las facturas permanezcan iguales. El resultado dependerá de cómo se comporten el tipo de cambio y los otros indicadores incluidos en cada componente, además de la aplicación concreta de las fórmulas.
Por eso, sin una proyección del efecto sobre los pagos y sin un porcentaje definido por el decreto, no es posible deducir cuánto ahorrará o pagará de más cada usuario. La norma tampoco dispone un congelamiento tarifario. La diferencia relevante es que los cálculos dejarán de depender de una cotización diaria única para los períodos señalados; el impacto que esa variación tenga en el recibo dependerá de los valores resultantes y de su traslado a las tarifas.
La implementación corresponde a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), los agentes del mercado y el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), que deben aplicar las modificaciones desde la publicación del decreto. El CNDC dispone de cinco días hábiles para adecuar la Norma Operativa 9 y de quince días para ajustar las demás normas relacionadas con el tipo de cambio. Esos plazos serán clave para convertir el nuevo criterio en procedimientos operativos, aunque por sí solos no anticipan el efecto tarifario para los hogares.
