Bangladés pidió explicaciones formales a Arabia Saudí por la ejecución de dos ciudadanos bangladesíes en La Meca, llevada a cabo el 14 de octubre y comunicada a la misión diplomática después de que se consumara. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador saudí en Daca y le entregó una nota diplomática para solicitar información sobre el proceso judicial y las circunstancias de las condenas.
Un proceso cuestionado
Según la misión bangladesí, los dos migrantes fueron acusados de mantener relaciones sexuales ilícitas dentro de una mezquita, arrestados, juzgados y ejecutados. El Ministerio del Interior saudí empleó una formulación más general: ambos habrían cometido un “acto inmoral” en un lugar sagrado y fueron condenados a muerte mediante la figura del ta’zir, una pena discrecional prevista en el derecho islámico.
El caso plantea una disputa no solo sobre la severidad del castigo, sino también sobre la transparencia consular. Bangladés sostiene que los nombres de los condenados aparecían en una lista de presos remitida previamente por Arabia Saudí, pero sin indicar que afrontaban la pena capital. La falta de aviso impidió, según Daca, conocer a tiempo el estado del procedimiento y ofrecer un seguimiento diplomático efectivo.
Riad afirmó que la sentencia respondió a la gravedad del delito y a la profanación de la santidad de la mezquita, y que fue confirmada por la autoridad judicial competente antes de recibir la orden real de ejecución. El episodio vuelve a poner bajo escrutinio el uso de la pena de muerte en Arabia Saudí: Amnistía Internacional contabilizó 96 ejecuciones entre enero y junio de este año y al menos 356 durante 2025. La solicitud bangladesí busca ahora determinar si se respetaron las garantías procesales y las obligaciones de notificación entre ambos países.
