Austria prepara una reforma de la asistencia social que, por primera vez, establecerá una diferencia explícita entre ciudadanos nacionales y personas con derecho a asilo. El proyecto, pactado por conservadores, socialdemócratas y liberales, prevé que los austriacos en edad laboral reciban un importe base de 1.016 euros, mientras que los refugiados comiencen con 861 euros.
Una prestación condicionada
La diferencia de 155 euros no podrá recuperarse de inmediato. Para acceder a la cuantía completa, los beneficiarios de asilo deberán demostrar avances de integración, entre ellos aprender alemán y asistir a cursos sobre los valores democráticos del país. Además, tendrán que superar una fase obligatoria de observación de cuatro meses.
La reforma también modifica el criterio general de acceso a la ayuda. El cobro íntegro dejará de ser automático para cualquier persona en edad de trabajar: será necesario haber cotizado previamente a la seguridad social o participar activamente en programas y cursos del Servicio Público de Empleo. Quienes no acrediten voluntad de trabajar o incumplan sus obligaciones de integración se enfrentarán a una reducción inmediata de al menos el 25%, que podría convertirse en la suspensión total del subsidio.
El diseño excluye de estas exigencias a menores, pensionistas, personas con discapacidad no aptas para trabajar y quienes tengan responsabilidades de cuidado familiar. La estructura combina así una red mínima de protección con un mecanismo de presión para acelerar la incorporación laboral y lingüística de los refugiados. El debate central será si esa condicionalidad mejora la integración o agrava la vulnerabilidad durante los primeros meses de residencia.
La ministra de Asuntos Sociales, Korinna Schumann, defendió el modelo bajo el principio de “proteger, exigir y ofrecer oportunidades”. La propuesta aún debe ser aprobada por el Parlamento y está prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.
