El Gobierno de Javier Milei incorporó a cinco organizaciones armadas y criminales latinoamericanas a la lista argentina de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento. La decisión alcanza al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), además del Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones. El anuncio, divulgado la noche del miércoles 21 de octubre por la Oficina del Presidente, amplía de manera significativa el alcance regional de la política argentina contra el terrorismo y el crimen organizado.
Una lista que cruza fronteras y categorías
El primer dato relevante es la amplitud de la medida. La resolución no se limita a grupos insurgentes ni a estructuras dedicadas exclusivamente al narcotráfico: reúne organizaciones con trayectorias, ideologías y modelos operativos distintos. Las FARC-EP y el ELN fueron descritos por Buenos Aires como guerrillas insurgentes de extrema izquierda, vinculadas al marxismo-leninismo y a la lucha armada. En cambio, el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones fueron definidos principalmente por sus actividades criminales, como el tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros extorsivos, la minería ilegal y el sicariato.
La clasificación común dentro del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, revela el criterio central del Ejecutivo: considerar como una amenaza de seguridad nacional a organizaciones capaces de combinar violencia, economías ilegales y redes transnacionales. La decisión política consiste en colocar bajo un mismo marco de prevención y persecución financiera a actores que no son equivalentes, pero que, según el Gobierno, comparten capacidad para proyectar sus operaciones más allá de sus territorios de origen.
El argumento argentino sobre las guerrillas colombianas
La inclusión del ELN y las FARC-EP constituye el componente de mayor peso político del anuncio. El comunicado sostiene que ambas estructuras mantienen redes con potencial para extender actividades hacia Argentina y que su historial está relacionado con levantamientos armados y violaciones de derechos humanos en Colombia y otros países de la región. Buenos Aires no presentó en el texto divulgado detalles operativos sobre esas supuestas redes en territorio argentino, pero sí vinculó su capacidad de expansión regional con un riesgo preventivo para la seguridad nacional.
Este razonamiento desplaza el foco desde la presencia comprobada de una organización hacia su capacidad potencial de operar, financiarse o establecer alianzas fuera de su área tradicional. Es una diferencia importante: la designación no afirma necesariamente que las guerrillas controlen estructuras en Argentina, sino que el Gobierno considera suficiente el riesgo de proyección regional para activar instrumentos administrativos y financieros. El antecedente de Estados Unidos, que ya había aplicado una medida similar, refuerza la dimensión internacional de la decisión, aunque no elimina la necesidad de que Argentina sustente sus actuaciones concretas con evidencia propia cuando se traduzcan en investigaciones o sanciones.
El frente mexicano y ecuatoriano completa el mapa
Los otros tres grupos incorporados muestran la diversidad del fenómeno que el Gobierno busca enfrentar. El Cártel de Sinaloa fue presentado como una organización criminal transnacional asociada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. La Nueva Familia Michoacana fue relacionada con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, una actividad que conecta economías clandestinas, control territorial y lavado de activos. En el caso de Los Tiguerones, de Ecuador, la acusación se concentra en el narcotráfico y el sicariato.
La referencia a Los Tiguerones también introduce una dimensión de continuidad en la política argentina. El grupo surgió de una división de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, organización que Buenos Aires había declarado terrorista en agosto. El dato sugiere que el Ejecutivo está siguiendo la fragmentación de las bandas y no solo sus nombres originales. Para las autoridades, una escisión no implica necesariamente una reducción de la amenaza; puede generar nuevas estructuras, disputas violentas y corredores criminales con mayor autonomía.
Una estrategia que busca convertir la declaración en capacidad de acción
La decisión fue adoptada de manera coordinada por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Esa participación institucional indica que la designación pretende producir efectos más amplios que una declaración política. La inscripción en el RePET puede servir como base para intensificar controles sobre operaciones financieras, revisar vínculos empresariales o patrimoniales y facilitar el intercambio de información con otros gobiernos.
Argentina ya había declarado terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación en marzo de 2026 y a Los Chone Killers en agosto. La nueva resolución, por tanto, no aparece como un episodio aislado, sino como la ampliación de una línea de gobierno que busca anticiparse a la internacionalización del crimen organizado. Su eficacia dependerá de la capacidad de convertir las designaciones en investigaciones judiciales, cooperación operativa y medidas financieras verificables. Sin esos instrumentos, el registro corre el riesgo de quedar como una señal diplomática; con ellos, puede convertirse en una herramienta para limitar el acceso de estas organizaciones a recursos, intermediarios y redes de apoyo.
Al cerrar su comunicado, Milei reafirmó que su Gobierno combatirá a las estructuras que emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas criminales. El mensaje consolida una definición amplia de la amenaza, en la que insurgencia, narcotráfico y delincuencia organizada pueden ser tratados dentro de una misma arquitectura de seguridad. La discusión que seguirá no será solo política: también abarcará los criterios probatorios, el alcance jurídico de las designaciones y la coordinación regional necesaria para que la clasificación produzca resultados concretos.
