Miles de estudiantes y otros manifestantes volvieron a las calles de Tirana el miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de disturbios. Lo que empezó con reclamos por el costo de los estudios y el deterioro de las universidades derivó en choques con la Policía, incendios y ataques contra edificios públicos. La movilización también se convirtió en una expresión más amplia de rechazo al Gobierno del primer ministro Edi Rama y a la corrupción percibida entre altos cargos.
Más de 2.000 agentes fueron desplegados en el centro de la capital. Según medios albaneses, grupos de manifestantes lanzaron piedras, dañaron mobiliario urbano y escaparates, y atacaron sedes gubernamentales. El Ministerio de Educación sufrió un incendio que afectó a sus dos primeras plantas; también ardió una garita de seguridad. En el Ministerio de Finanzas, manifestantes forzaron la entrada, rompieron ventanas y sacaron muebles a la calle para quemarlos.
De las aulas a las instituciones
La escalada no se limita a una disputa por las condiciones universitarias. Los estudiantes denuncian instalaciones deterioradas, ayudas económicas insuficientes y pocas oportunidades laborales tras graduarse. A esas demandas se suman acusaciones de corrupción y falta de transparencia, que han ampliado la protesta más allá de los campus. Las universidades de Elbasan y Shkodër suspendieron las clases en solidaridad con los movilizados.
El malestar ya venía creciendo desde finales de mayo, cuando comenzaron manifestaciones para proteger un humedal en el sur del país frente a un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. La controversia en torno al proyecto alimentó las sospechas sobre la relación entre decisiones públicas, intereses privados y rendición de cuentas. Desde entonces, las protestas han reunido agravios distintos bajo una crítica común al poder político.
Una protesta plural y disputada
La oposición al Gobierno no implica que exista una dirección única ni un consenso político claro. El movimiento también rechaza al conservador Partido Democrático, principal fuerza opositora, señal de que la desconfianza alcanza a buena parte del sistema partidista. El Gobierno sostiene que hay intereses políticos detrás de las movilizaciones y que no todos los participantes son estudiantes; pidió a quienes protestan por motivos genuinos que no se dejen arrastrar por grupos violentos.
El presidente Bajram Begaj y el Ejecutivo defendieron el derecho a manifestarse, pero reclamaron que se ejerza sin violencia. La Delegación de la Unión Europea en Albania expresó preocupación por la escalada y pidió una respuesta policial proporcionada. Ese doble llamado refleja el desafío inmediato: contener los ataques y, al mismo tiempo, evitar que el uso de la fuerza agrave la percepción de abuso que alimenta la protesta.
La presión sobre Rama y el costo de la violencia
Rama obtuvo un cuarto mandato en las elecciones de mayo de 2025, pero ahora afronta una de las expresiones más violentas de rechazo a su Gobierno. Frente a la sede del primer ministro, la Policía empleó granadas aturdidoras y cañones de agua; otros grupos intentaron acercarse a oficinas de la Comisión Electoral y fueron dispersados. También se incendiaron dos bancos, entre ellos una sucursal de Raiffeisen Bank, según un testigo citado por Reuters.
Los enfrentamientos del martes se prolongaron durante más de ocho horas y dejaron 40 detenidos. El Ministerio de Salud informó que recibieron atención médica seis policías, ocho manifestantes, tres periodistas y dos transeúntes. Estas cifras muestran que la violencia ya afecta tanto a quienes participan en los choques como a personas ajenas a ellos. Si las demandas por educación y transparencia quedan eclipsadas por los ataques, el Gobierno puede ganar margen para presentar la crisis como un problema de orden público; pero ignorar el descontento que la precede mantendría intacta la presión política.
