La protesta del domingo por el agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara terminó con 39 detenciones y decenas de heridos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, atribuyó los enfrentamientos a un grupo violento y anunció una investigación sobre la actuación policial; colectivos y familiares, en cambio, denuncian uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Dos versiones y detenidos sin localizar
Lemus afirmó que unas 400 personas armadas con objetos contundentes agredieron a los policías durante tres horas. Reportó 28 agentes heridos, dos de gravedad, y dijo haber ordenado a la Fiscalía revisar cada detención y analizar videos para sancionar posibles excesos. Organizaciones de derechos humanos sostienen que se emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y agua indiscriminadamente, incluso contra menores y adultos mayores.
Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que 49 personas fueron incomunicadas y presentadas horas después ante la Fiscalía. Dieciocho ya fueron liberadas con lesiones; la situación y ubicación de las otras 31 siguen sin aclararse, según la activista. La falta de un listado oficial verificable mantiene abierta la disputa sobre las detenciones y hace que la investigación anunciada sea clave para establecer responsabilidades.
El reclamo se origina en un problema que afecta desde marzo a al menos 320 colonias: organizaciones denuncian que el agua llega contaminada, con olor a cloaca y presencia de metales pesados y materia fecal. La respuesta a la protesta, por tanto, deberá esclarecer tanto los hechos del domingo como las denuncias sobre el suministro que llevaron a miles de personas a manifestarse.
