La calidad del agua potable y la actuación policial quedaron bajo escrutinio tras una protesta multitudinaria en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Habitantes denuncian desde marzo agua turbia y con olor a cloaca; organizaciones de derechos humanos sostienen que muestras analizadas en al menos 320 colonias habrían presentado metales pesados, materia fecal y falta de cloración.
El domingo, cerca de 10 mil personas exigieron respuestas. La movilización derivó en choques, detenciones y lesiones, incluidos periodistas. El gobernador Pablo Lemus afirmó que un grupo de unas 400 personas atacó a los policías con diversos objetos; reportó 39 detenidos y 28 agentes heridos, dos de gravedad. También pidió a la Fiscalía revisar las detenciones y los videos del operativo para investigar posibles excesos.
Dos investigaciones pendientes
Colectivos y familiares acusan a los agentes de usar indiscriminadamente gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua, incluso contra menores y adultos mayores. Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que 49 personas fueron detenidas y permanecieron incomunicadas durante horas. Según su recuento, 18 fueron liberadas con lesiones graves y no había certeza sobre la situación de las otras 31.
Las cifras distintas de detenidos y la falta de una lista pública mantienen abierta la controversia sobre el paradero y el trato de los arrestados. La revisión oficial deberá esclarecer tanto el uso de la fuerza como las denuncias sobre el agua; sin resultados verificables en ambos frentes, la respuesta institucional difícilmente resolverá la desconfianza que llevó a miles a las calles.
